EL NÚMERO CELULAR PODRÁ MANTENERSE

El debate sobre la portabilidad numérica en los servicios de telecomunicaciones móviles  será el segundo punto en el orden del día de hoy, en la Asamblea Constituyente.

La propuesta de Fernando Cordero, su vicepresidente, contempla que  el usuario tenga el  derecho de mantener permanentemente su número telefónico móvil. Eso aunque cambie de red, de servicio o de  operadora. 74 por ciento 
es el nivel de penetración de  telefonía móvil  con unos 10 millones de líneas.

El proyecto final de mandato tiene tres artículos que  establecen el derecho de los usuarios  a utilizar este sistema,  el plazo de 270 días  para aplicarlo (desde  la aprobación) y su vigencia inmediata.

Además, consta de  una disposición transitoria que obliga a las operadoras a proporcionar sin costo el casillero de voz a quien se cambie (durante 90 días)   desde el 1 de enero del 2009.

No obstante, este proyecto de Mandato 10 tiene modificaciones en relación con la propuesta inicial. Entre ellas, que solamente se dirige a los servicios móviles y no a los fijos. Originalmente, Cordero planteó que el cambio sea entre operadoras dentro del mismo cantón.

Al respecto, el asambleísta sostiene por  ahora solo será con las móviles, pues "deberían producirse en las otras, sobre todo en Pacifictel, algunas adecuaciones tecnológicas para que se cumpla al menos en cada cantón".

Pero asegura que se trata de un acuerdo nacional en el que participaron  los representantes de Porta,  Movistar y Alegro. También  los  titulares del Consejo Nacional (Conatel)  y la Superintendencia de Telecomunicaciones y así   se definió el documento final.

Una vez que se expida el mandato, el  Conatel deberá aplicarlo. Además, se creó una comisión que deberá definir las inversiones de cada empresa.

Según  las operadoras móviles esto pudiera costar alrededor de USD 50 millones, pero los organismos del Estado  hablan de USD 30. Según Cordero, el valor  lo deberán asumir las empresas y no tendrá costo para el usuario.

Roberto Aspiazu, titular de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel), afirma que de acuerdo con los estudios recogidos por la Senatel, quienes terminan  pagando por las inversiones son los usuarios, vía   tarifas.

Aspiazu cuestiona que el Mandato se aplique solo para las empresas móviles y no para las fijas. Sostiene que no se trata de una demanda urgente y que bien podría aprobarse mediante resolución del Conatel, sin necesidad de la intervención de la Asamblea.

Pablo Chambers, experto en telecomunicaciones de la consultora Church & Chambers, cree que "en esta medida hay la intención de favorecer a las empresas estatales, como es el caso de Alegro".